Una de las más rampantes carencias que afecta a la Cuba de hoy es la de una verdadera prensa. Sujeta durante decenios a respaldar sin cuestionamientos el poder del régimen, entrenada en la tergiversación de los acontecimientos y subordinada incondicionalmente a la ideología “Castro”, el periodismo oficial en la Isla ha devenido una de las profesiones más desprestigiadas del país. Como resultado de tanto servilismo insustancial, sumado a la absoluta propiedad gubernamental sobre todos los medios de difusión masiva, que elimina el debate de opiniones y la contrastación de informaciones, a la vez que suprime o limita al mínimo el acceso a fuentes alternativas de información, el periodismo de la Isla perdió el brillo y la salud que llegó a ostentar en los años de la República, cuando decenas de publicaciones periódicas daban fe del amplio espectro de tendencias, opiniones y pensamiento activo de toda la sociedad.
No caben dudas de que los regímenes totalitarios dependen justamente de esos controles. Nada tan lesivo a los gobiernos dictatoriales como el libre flujo de la información y de los análisis críticos de opinión de diversos sectores sociales. La libertad de prensa es, con mucho, el principal enemigo de los censores del pensamiento.
Los tiempos actuales, sin embargo, se la están poniendo difícil a las dictaduras; las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones constituyen un reto superior para las obsolescencias políticas, por lo que el régimen cubano se apresta a presentar batalla en el monopolio de la información. Ya la experiencia ha demostrado que encarcelar periodistas independientes resulta no solo inocuo para sus fines de censura, sino que –además– trae consigo un costo político elevadísimo, sobre todo para un gobierno cuyo capital moral hace años se encuentra en números rojos. Así pues, al poder omnímodo le resulta imprescindible afinar las estrategias de control en el uso de esas tecnologías (la brecha por la que se filtran cada vez mayores espacios de opinión y debates), y crear una base jurídica que coarte más aún el uso de la Internet y cree nuevas figuras delictivas contra aquellos que “trasgredan” las normas oficiales.
Aunque el gobierno anunció que el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba centrará su atención en los temas meramente económicos, no sería de extrañar que entre los subproductos que se generen de la máxima reunión del partido gobernante surja alguna legislación que prohíba el uso “no oficial” o “no autorizado” de la Internet, con los correspondientes castigos ejemplarizantes para los periodistas independientes, blogueros y otros grupos cívicos, que han venido incrementándose en la Isla en los últimos años hasta tal punto que los propios medios oficiales han dedicado programas especiales para combatirlos. Tampoco habría que desdeñar la posibilidad de que las autoridades cubanas declaren legalmente “enemigos de Cuba” a todos aquellos que de alguna manera faciliten el acceso de ciudadanos cubanos a la red de redes. Todo es posible en un país donde, dictadura y libertades, son mutuos adversarios que agonizan juntos.
Miriam Celaya González
Fuente: The Americano
No hay comentarios:
Publicar un comentario